Tanto la Federación Española de Campings (FEEC) como la patronal de alojamientos turísticos (CEHAT) están muy preocupados ante la inminente entrada en vigor del nuevo Real Decreto 933/2021 sobre el Registro de Viajeros, sobre todo por el impacto directo que tendrá sobre los turistas. Esta normativa, que obliga a los establecimientos a recopilar hasta 31 datos tanto de los viajeros como de la empresa y la propia transacción, no solo podría vulnerar derechos fundamentales de privacidad, sino que también amenaza con complicar y entorpecer la experiencia de millones de visitantes que eligen España como destino, según la FEEC.
Así a pocas semanas de su aplicación, la FEEC denuncia que el Gobierno no ha proporcionado aclaraciones sobre cómo se implementará esta medida, ni ha atendido las reiteradas advertencias del sector sobre los riesgos para los viajeros y para la reputación internacional de España.
Un obstáculo para los viajeros: invasión de la privacidad y trámites innecesarios
La FEEC insiste en que lleva meses denunciando la desproporcionada carga burocrática que supondría el nuevo reglamento para los hoteleros y los turistas, obligándolos a entregar datos altamente sensibles, como detalles personales, profesionales y de sus desplazamientos. Este nivel de exigencia, que triplica los datos solicitados actualmente, podría provocar incomodidad, desconfianza y una percepción negativa de España como destino turístico, según la patronal del camping.
Recordamos que esta medida también afectará a los ciudadanos españoles que hagan turismo o se desplacen por cuestiones laborales dentro del país, ya que estarán igualmente obligados a proporcionar una cantidad de datos personales significativamente mayor a la actual al llegar a su alojamiento, afectando a su experiencia de cliente y vulnerando asimismo su privacidad.
Además, el incumplimiento de estos requisitos podría derivar en sanciones de hasta 30.000 euros para los alojamientos, algo que añadiría presión a su trabajo diario y podría repercutir en el servicio ofrecido a los turistas, afectando negativamente su experiencia. Este Real Decreto atenta contra los derechos fundamentales de privacidad y es contrario a varias directivas comunitarias, por lo que la patronal manifiesta la imposibilidad de cumplirlo por el riesgo al que exponen a los establecimientos de ser foco de denuncias de los viajeros.
Un golpe a la competitividad de España como destino turístico
La FEEC denuncia, además, que en un entorno global donde la competencia por atraer turistas es feroz, la imposición de esta normativa colocaría a España en desventaja frente a otros destinos que priorizan la privacidad y la simplicidad administrativa. Para la patronal, este reglamento no solo complica los procedimientos para los visitantes, sino que también envía un mensaje equivocado sobre el respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Las patronales europeas han enviado múltiples cartas a las autoridades españolas advirtiendo de la ilegalidad de la normativa y la vulneración de la privacidad de sus ciudadanos.
Silencio del Ejecutivo ante las preocupaciones del sector y los derechos de los viajeros
Desde la patronal CEHAT se denuncia con firmeza la falta de comunicación y transparencia por parte del Gobierno. Pese a las reiteradas solicitudes de diálogo y a las cartas enviadas tanto por la patronal como por asociaciones turísticas europeas, el Ejecutivo no ha dado respuesta. Según nos infoman, la única reunión mantenida con el Ministerio del Interior tuvo lugar el pasado 4 de octubre y, desde entonces, la Confederación señala que no se ha producido ningún avance y que ni siquiera contestan a sus frustrados intentos de reuniones de trabajo.
Además, CEHAT subraya que el Gobierno prometió emitir una Orden Ministerial para aclarar los detalles de la aplicación de esta normativa, pero a día de hoy no se han publicado dichas aclaraciones. Esto, por tanto, consideran que genera mayor desconcierto entre los alojamientos turísticos y los viajeros.
