El Congreso de los Diputados convalidó esta semana en sesión plenaria el Real Decreto Ley 24/2020, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección social del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
Un texto que, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es fruto del acuerdo en el marco del Diálogo Social y ha instado a la Cámara a «recoger el testigo de los interlocutores sociales». El Real Decreto prorroga los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 30 de septiembre, fijando la prohibición de despido, el compromiso de mantenimiento del empleo además de impedir el reparto de dividendos en el ejercicio fiscal correspondiente el ERTE, así como la domiciliación de las empresas beneficiadas en paraísos fiscales.
El RDL 24 contempla, por primera vez, exoneraciones a la Seguridad Social para los ERTE productivos. Además, la titular de Trabajo ha recordado que «la desaparición de los ERTE por fuerza mayor no podía, sin embargo, ser total en este momento porque existe la posibilidad, que lamentablemente estamos viviendo, de rebrotes de la epidemia. Por esta razón, y de modo consecuente con la transición hacia la normalidad, el RDL 24/2020 ha adaptado el ERTE por fuerza mayor ordinario para los casos de rebrote».
Díaz ha desgranado, también, las medidas que establece el RDL 24/2020 para apoyar el mantenimiento de la actividad económica de las personas autónomas. Se trata de la exoneración en la cotización a la seguridad social, aplicable a partir del 1 de julio de 2020, para aquellas personas autónomas que estuvieran recuperando la actividad; la posibilidad excepcional de acceso a la prestación de cese de actividad en aquellos casos que hubiera existido una caída de facturación de al menos 75% en el tercer trimestre de 2020; y el establecimiento de una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada.
Según ha concluido la ministra de Trabajo en su defensa del texto, el Real Decreto «es una norma de reactivación económica y, sobre todo, de compromiso con las personas y las empresas. Surge en un momento crítico, en el que el objetivo no es solo resolver un problema más, sino consolidar trabajos, profesiones, empresas e industrias para que sean capaces de crear riqueza, asegurar derechos, reconocer esfuerzos y constituir un modelo que refleje la solidaridad colectiva que hemos construido durante la pandemia en alianza con los interlocutores sociales».
El Real Decreto 24/2020 será tramitado como Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados.
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