Tras varios días de negociación, el Gobierno, la patronal y los sindicatos consiguió cerrar el jueves pasado un acuerdo para prorrogar las condiciones de los ERTE relacionados con la COVID-19 hasta el 30 de septiembre. A pesar de que el estado de alarma ya ha expirado, las empresas seguirán teniendo exenciones y se mantienen la mayoría de las condiciones para que puedan acogerse a esta medida, como la prohibición de contratar nuevos trabajadores o de repartir dividendos.
Así, el Real Decreto-ley de medidas sociales de reactivación del empleo y de protección del trabajo autónomo, prorroga hasta el 30 de septiembre los beneficios y exoneraciones de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTES) y las ayudas al colectivo de trabajadores por cuenta propia, establecidos a causa de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19. La norma plasma el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo y el acuerdo alcanzado con las principales asociaciones de trabajadores autónomos.
De esta forma, en el caso de las empresas con actividad, como es el de los campings que están abiertos a día de hoy, los ERTE de fuerza mayor parcial (aquellos en los que ya hay trabajadores reincorporados a su puesto, pero no todos) se mantienen, así como sus exenciones. Las empresas de menos de 50 trabajadores alcanzarían el 60% por los empleados que volvieran a la actividad y el 35% por los que siguieran en el ERTE, mientras que para las de más de 50 trabajadores serían del 40% por cada empleado que se reincorporara a su puesto y del 25% por el que continuara en el expediente de regulación temporal de empleo.
Con carácter general, las empresas que se acojan a cualquiera de estas exoneraciones deben seguir manteniendo el empleo durante un periodo de seis meses, por lo que no podrán efectuar despidos. Continuarán sin poder beneficiarse de esta regulación las empresas radicadas en paraísos fiscales.
